Por medio de una resolución, se llama al Ejecutivo a elaborar un plan nacional para aumentar la capacidad de guarda de pequeños y medianos agricultores, considerando el tema del financiamiento...
Por medio de una resolución, se llama al Ejecutivo a elaborar un plan nacional para aumentar la capacidad de guarda de pequeños y medianos agricultores, considerando el tema del financiamiento (Cámara de Diputados).
Por 136 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 383, por medio de la cual se expresa la preocupación por la situación nacional de la capacidad de guarda de trigo.
Más en concreto, el llamado al Presidente de la República es a elaborar un plan nacional para aumentar la capacidad de guarda de pequeños y medianos agricultores, considerando el financiamiento y subsidio a la infraestructura mediante los organismos públicos respectivos, tales como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, la Corporación de Fomento y/o el Servicio de Cooperación Técnica.
El documento resalta que el trigo representa un tercio de la superficie total de cultivos de Chile (datos 2017 y 2018). Del total de áreas productivas, se especifica, más de un 80% se ubica entre las regiones del Ñuble y de Los Lagos, lo que permite presumir la enorme trascendencia de esta actividad en esa zona del país.
Pese a lo anterior, se observa que, tal como lo señala la Compañía Comercializadora de Trigo, esta actividad productiva viene en considerable descenso desde hace ya varias décadas, lo que se traduce esencialmente en la disminución de la superficie sembrada.
Se destaca que, para su revitalización, esta industria enfrenta situaciones que deben ser abordadas de manera urgente por los distintos actores que en ella intervienen, tales como la desigual posición comercial entre productores y compradores; la importación indiscriminada de trigo de calidad inferior a la que es posible producir en el país; el funcionamiento con deficiencias por parte de actores relevantes, tales como el Servicio Agrícola y Ganadero y la Compañía Comercializadora de Trigo; o la estricta aplicación de la denominada «ley de muestra y contra muestra», que es empleada para la fijación de los precios de este bien.
Finalmente, entre otras consideraciones, se resalta que es patente la situación de los pequeños y medianos productores de trigo, que no tienen capacidad para acopiar el cereal y retrasar su venta, lo que los obliga a efectuar la venta del producto casi de inmediato tras las cosechas, no siempre a precios convenientes.
Un claro ejemplo de lo anterior es que entre la región del Ñuble y del Biobío se muelen anualmente un promedio de 250.000 toneladas trigo, lo que representa alrededor del 13% de la molienda nacional, mientras la capacidad de guarda presenta un déficit de más de 30.000 toneladas, tomando en cuenta que la guarda se debe complementar con la producción de cebada, avena y centeno.
La resolución fue planteada a la Sala por Frank Sauerbaum (RN), Ramón Barros (UDI), Leonidas Romero (RN), Miguel Mellado (RN), René Manuel García (RN), Harry Jürgensen (RN), Iván Flores (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI).
