La ONG criticó la propuesta de venta de tierras de Chilterra a CONADI, por mal uso de recursos estatales y falta de arraigo territorial.
En el marco del proceso de reorganización judicial de Chilterra S.A. y la eventual venta de terrenos a CONADI para saldar, entre otras, la deuda con acreedores, se ha presentado una nueva propuesta de reorganización judicial con miras a la próxima junta de acreedores, a desarrollarse el 23 de diciembre próximo. En este marco, la ONG Campo Seguro se refirió a la situación a través de un comunicado público.
Allí, comentan el documento judicial que se presentó en octubre de este año, y que contempla la compra de terrenos por parte de CONADI para que se destinen a comunidades indígenas, 7 provenientes de la Región de La Araucanía y sólo 1 de la Región de Los Ríos. Considera además, según antecedentes expuestos públicamente por Campo Seguro, aspectos como la solicitud de desalojo de los predios y la comisión de un 10% por gestiones de enajenación de los bienes, los cuales fueron retirados en la nueva propuesta.
«Cuestionable»
Al respecto, la ONG expresa que «resulta cuestionable, que se indique que las comunidades indígenas beneficiarias reclaman derechos ancestrales sobre dichas propiedades, debido a que casi la totalidad de las comunidades provienen de la Región de La Araucanía y a que en la zona no existe ningún antecedente válido de solicitud de reivindicación como Títulos de Merced u otros».
Además, señalaron que la propuesta presentada plantea la adquisición de activos de Agrícola Dos Ríos mediante la rebaja de deuda por parte de los acreedores. Sin embargo, consideran «absolutamente objetable» que se utilicen recursos estatales de CONADI para adquirir propiedades destinadas a comunidades beneficiarias, ya que estas estarían condicionadas a implementar un modelo de coadministración. Para la organización, esto refleja «la intención de resolver un problema financiero mediante el mal uso de la Ley de Desarrollo Indígena».
Finalmente, advirtieron que la decisión final recae en la Junta de Acreedores, conformada por entidades como Rabobank, Scotiabank, Itaú, Security y Prolesur. De aprobarse, sostienen que esto perpetuaría un modus operandi que incluye subterfugios y posteriores compras de tierras por parte de CONADI. Según Campo Seguro, este escenario resulta aún más preocupante debido a la posible llegada de comunidades indígenas de La Araucanía, lo que, afirmaron, «contraviene el principio de arraigo territorial de esas comunidades».
