Animales están al resguardo de la empresa Astaldi, a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico que se ejecutará en la cuenca del río Ñuble (La Discusión.cl). Una serie de...
Animales están al resguardo de la empresa Astaldi, a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico que se ejecutará en la cuenca del río Ñuble (La Discusión.cl).
Una serie de diligencias ha realizado la Fiscalía Local de San Carlos, en el marco de la investigación abierta el 19 de diciembre pasado y que tiene como objetivo investigar si existe maltrato animal en la situación que enfrentan aves, cabras, equinos y bovinos de propiedad de habitantes de San Fabian de Alico, quienes fueron desalojados de sus terrenos por la construcción del embalse La Punilla.
Los animales están al resguardo de la empresa Astaldi, a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico que se ejecutará en la cuenca del río Ñuble. Esto, pues sus dueños argumentan que no tienen dónde dejarlos, al haber tenido que abandonar sus hogares.
El fiscal jefe de San Carlos, Rolando Canahuate, incluso se constituyó en el lugar donde se mantienen a los animales e inspeccionó corrales y espacios donde éstos están. En esta tarea fue acompañado por un equipo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), una profesional veterinaria de la empresa constructora y un equipo policial.
Además, se han emitido órdenes de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de Valdivia y a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Carlos, ambas de la Policía de Investigaciones. También se ha oficiado al SAG, al Servicio de Salud Ñuble, y a las secretarías regionales de Salud y Medioambiente para poner en antecedentes los hechos y solicitar que remitan información sobre el estado de los animales y las visitas que estas instituciones han realizado.
A ello se suman la toma de declaraciones a los propietarios del ganado y aves, fijaciones fotográficas de los animales y un levantamiento planimétrico de los corrales, esto último ya realizado por el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones de Chillán.
Según detalló el fiscal, la investigación se originó por una solicitud para indagar que realizó la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a la Bidema de Valdivia, la que efectuó la denuncia a la Fiscalía Local de San Carlos.
