Ha sido un instrumento exitoso que ayudó a transformar la agricultura nacional y que le ha permitido al Estado de Chile fortalecer sus políticas públicas
Columna de opinión: Dr. José Luis Arumí Ribera, académico Departamento de Recursos Hídricos, Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción.
“En mi opinión, y también de muchos colegas, la Ley 18.450 ha sido un instrumento exitoso que ayudó a transformar la agricultura nacional y que le ha permitido al Estado de Chile fortalecer sus políticas públicas”.
Cuando se está discutiendo en el parlamento la renovación de la Ley 18.450, más conocida por todos como la Ley de Riego, quiero presentar estas reflexiones sobre la importancia de este instrumento y el efecto positivo que ha tenido en nuestra agricultura.
Mi primera experiencia con la Ley de riego data del año 1988 cuando trabajé, en calidad de estudiante en práctica, apoyando proyectos de una consultora en Limache; posteriormente me desempeñé algunos años como consultor desarrollando proyectos. Luego, debido a mi labor como académico del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción, y también como integrante del Consejo de la Sociedad Civil de la CNR, he podido seguir durante muchos años el desarrollo de esta Ley, que ha sido una poderosa herramienta para el desarrollo de la industria agrícola chilena, primero, pensando en aumentar la superficie de riego y después, en mejorar el uso del agua por la agricultura.
En mi opinión, y también de muchos colegas, la Ley 18.450 ha sido un instrumento exitoso que ayudó a transformar la agricultura nacional y que le ha permitido al Estado de Chile fortalecer sus políticas públicas.
Desde el punto de vista de la agricultura nacional, he podido ser testigo de que esta Ley gatilló la incorporación de tecnología de riego, generando las bases de una pujante industria asociada a consultores, contratistas y proveedores de equipos. Por otro lado, al poder disponer de mejores tecnologías de riego, los productores fueron capaces de traer nuevas especies productivas, como lo fue la incorporación del kiwi, el arándano y otras especies.
Un aporte menos reconocido de la Ley 18.450 ha sido su uso como herramienta para reaccionar frente a catástrofes o fortalecer políticas públicas. Efectivamente, me tocó ser testigo del impacto de catástrofes como las inundaciones del 2006 en la zona central y del 2015 en Copiapó, de los terremotos del 2010 y 2015, y de los mega incendios forestales del 2017; para no seguir con una larga lista de eventos que han afectado a Chile y su loca geografía. En cada uno de estos eventos, la Ley permitió enfrentar estas catástrofes mediante la canalización de recursos a través de concursos especiales.
Quiero mencionar las políticas públicas, pues a lo largo de mis tres décadas de trabajo he podido observar cómo el Estado ha aprovechado la Ley 18.450 para fortalecer sus iniciativas. Un caso que respeto mucho fue la decisión del presidente Aylwin de reinterpretar las bases de la Ley para favorecer la agricultura familiar campesina, aduciendo que es también una actividad empresarial y que por eso podía ser beneficiada por los subsidios.
El Estado también ha usado la Ley 18.450 para fortalecer otras políticas públicas, como lo fueron los concursos asociados a la calidad del agua de riego, que permitió financiar estructuras extra prediales, como trampas de basura y sedimentadores; y sistemas intraprediales de desinfección de aguas. Temas posteriores que han sido reforzados a través de la Ley son la incorporación de telemetría, centrales hidroeléctricas asociadas a canales de riego y recientemente, la recarga artificial de aguas subterráneas.
Por ello veo que la Ley 18.450 es una poderosa herramienta que debe continuar, evidentemente actualizándola mediante la incorporación de nuevas ideas como las soluciones basadas en la naturaleza y la sustentabilidad.